En la negociación del salario mínimo deber haber un equilibrio entre gremios y trabajadores, necesario para mantener en pie la economía nacional.

Me atrevo a pensar que, a partir del primero de enero, el salario mínimo podría estar entre $971.405 y $976.031 (incluido transporte). Mientras llegamos a ese punto, gremios y trabajadores empiezan a destapar sus cartas para la negociación sobre el valor que regirá en 2020.

Así, en un primer intento, mientras los empresarios proponen un incremento del 4,5 %, las centrales obreras y los sindicatos proponen uno del 8,09 % y, a partir de estas propuestas, arranca la puja para tratar de llegar a un acuerdo en donde las partes están dispuestas a ceder, y que nunca, nunca, las personas del común aprueban ni entienden.

Sin embargo (aun cuando las partes tienen la intención de cerrar la negociación por acuerdo), no va a ser tan fácil como parece, pues es la primera vez que los representantes de los trabajadores llegan con una propuesta unificada para mejorar sus condiciones y tratar de resarcir el déficit histórico que ha traído consigo la fijación por decreto del salario mínimo, cuyas consecuencias se reflejan en la pérdida de poder adquisitivo.

Por su parte, los gremios y el gobierno, amparados en una inflación que no superará el 3,88 % (según los analistas consultados por el BANREP), mantendrán una posición cercana a este porcentaje para no afectar a las empresas y evitar la destrucción de empleos a causa del incremento de los costos por trabajador, un argumento que se esgrime para justificar el crecimiento del desempleo.

A esto se suma que se apoyan en la cifra de productividad laboral del DANE que arroja un 0,21 % para 2019 y que, sumado a la expectativa de inflación sumaría un incremento del salario mínimo que alcanzaría apenas un 4,09 %, razón por la que, los gremios han fijado su posición para ubicarse por encima del porcentaje que arroja la fórmula básica.

Así las cosas, los actores de este tradicional y repetitivo encuentro, que empaña las festividades navideñas, han puesto sus cartas sobre la mesa, cada uno defendiendo sus intereses y procurando sacar el mejor fruto de la partida.

Es la primera vez que los representantes de los trabajadores llegan con una propuesta unificada para mejorar sus condiciones y tratar de resarcir el déficit histórico que ha traído consigo la fijación del salario mínimo, cuyas consecuencias se reflejan en la pérdida de poder adquisitivo.

Por una parte, se trata de garantizar el poder adquisitivo, que se traduce en consumo, y, por otra, la sostenibilidad de las empresas, que se traduce en empleos; los dos necesarios para mantener en equilibrio la economía nacional.

«Por una parte, se trata de garantizar el poder adquisitivo, que se traduce en consumo, y, por otra, la sostenibilidad de las empresas, que se traduce en empleos».

La diferencia relativa entre las propuestas es de 3,59 %, que en términos absolutos alcanza los $33.220, es decir, la cercanía de las posiciones permite pensar que se puede llegar a un acuerdo benéfico para las dos partes y lograr la firma de un acuerdo antes de la imposición por decreto. De tal forma, es altamente probable que la concertación oscile entre el 5 y el 5,5 %, que haría que el salario mínimo llegue máximo a los $976.031 (incluido transporte) con una diferencia absoluta, para alcanzar la demanda de las centrales obreras, de $23.969 en el mejor de los casos, es decir, si se concreta un incremento del 5,5 %.

De cualquier manera, vale la pena aclarar que, si bien los trabajadores necesitan más dinero para suplir sus necesidades básicas, un crecimiento del salario mínimo por encima de las expectativas de la economía, podría desencadenar un problema para los mismos asalariados en el futuro, pues tendría efectos tanto en la inflación como en el empleo.

Para cubrir los nuevos salarios y financiar el consumo marginal que se genera será necesario aumentar la oferta de dinero en la economía por parte del banco central (BANREP), lo cual traería una presión en el nivel general de precios y esto provocaría inflación en el mediano y largo plazo, además de ocasionar deterioro del poder adquisitivo, sobre todo de los trabajadores que devengan el salario mínimo (cerca de 9 millones, según el Dane).

El incremento de los costos para las empresas deriva en dos problemas: despido de trabajadores y no creación de puestos de trabajo, pues la sostenibilidad en el mercado depende, en gran proporción, de la estabilidad financiera que se ve menguada por los nuevos compromisos legales que se adquieren con los trabajadores.

De tal forma, con las cartas puestas sobre la mesa de concertación salarial, los jugadores tienen en sus manos una gran oportunidad de acordar el porcentaje de incremento salarial que beneficie a ambas partes, de manera que la economía nacional se favorezca y se siente un precedente donde el diálogo juegue un papel fundamental para la resolución de las diferencias, de cualquier índole, en nuestro país.

Juan Carlos Rivera Rueda
Director del la carrera de Economía
Universidad EAN