Con la propuesta de quitar el IVA por tres días, los ciudadanos terminaríamos “pagando el almuerzo” y los platos que el Gobierno rompió.
En economía se dice comúnmente que “no hay almuerzo gratis”, para decir que siempre alguien termina pagando las deudas o los excesos de gastos. Este término aplica perfectamente cuando hablamos de sostenibilidad de la deuda pública, que va de la mano con el desempeño fiscal del Gobierno.
En días pasados, el partido de gobierno presentó un proyecto de ley para eliminar el IVA a algunos productos de la canasta familiar durante 3 días del año: el día de Reyes, el 20 de julio y el segundo sábado de diciembre.
La medida contempla diferentes montos máximos de gasto para diferentes grupos de productos de la canasta. La propuesta contrasta, a todas luces, con la de ampliar el IVA a la canasta familiar que originalmente era parte de la Ley de Financiamiento, pero que finalmente se cayó por presión ciudadana.
Si bien esta vez la propuesta de eliminar el IVA por tres días parece una buena noticia para los consumidores, la misma genera los siguientes problemas.
En primer lugar, uno inmediato en términos de recaudación del Gobierno, ya que se espera que los hogares concentren parte de sus compras quincenales, mensuales y hasta anuales en esos 3 días. Todas esas compras “a tasa cero” representan una pérdida de ingresos para el Gobierno.
En segundo lugar, la medida genera un problema que se le puede devolver a los hogares colombianos en el futuro. En efecto, dado que es difícil esperar disminuciones reales del gasto público, una baja en el recaudo actual significa un mayor déficit fiscal, el cual tendrá que ser pagado en el futuro vía mayores impuestos o mayor deuda pública. Es decir, nosotros terminaríamos indefectiblemente “pagando el almuerzo” y los platos que el Gobierno rompió.
El nivel de vida de los colombianos ha aumentado mucho en las últimas dos décadas, como lo muestran indicadores generales como el PIB per cápita o también indicadores más específicos sobre pobreza monetaria y multidimensional.
Hoy tenemos una clase media que no existía en la década de los noventa. Esa clase media demanda y seguirá demandando más cantidad y calidad del gasto público, bajo la forma de mejores ciudades, infraestructura, educación, salud, seguridad, vivienda, etc. Todo eso no se puede alcanzar a punta de discursos, sino que es necesario meterse la mano al dril.
En momentos en los cuales el gobierno está sufriendo para lograr el cumplimiento de la regla fiscal para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, bajar impuestos sin una contrapartida de disminución de gastos no parece acertado. Sería otra medida de corte populista que, como la del último aumento del salario mínimo que fue bastante superior al aumento de la inflación (y que hoy podría estar explicando el aumento del desempleo) no va de acuerdo con las posibilidades del país.
Por esto, es necesario educar a los congresistas en términos de responsabilidad fiscal, para esto hay una interesante propuesta de crear una oficina asesora en temas económicos para el Congreso. Asimismo, es necesario que el votante comprenda los efectos reales de estos “regalos” que nos hacen o prometen los políticos.
Enrique Gilles
Profesor Titular Programa de Economía
Universidad EAN
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