Hace un par de semana la OCDE sugirió al Gobierno nombrar una comisión (otra más) de expertos para llevar a cabo una reforma pensional. En los últimos anos ha habido incontables eventos (debates, foros, coloquios) y visitas de expertos (incluidos laureados economistas y gurúes de pensiones) convocados o bien por el Gobierno de turno o bien por Asofondos. No importa la naturaleza del debate ni el tipo de invitados la conclusión ha sido siempre la misma: se necesita con urgencia una reforma del sistema pensional. Así que sobra la recomendación de la OCDE, pues en material pensional el país está sobre-diagnosticado, el problema ya es de voluntad del Ejecutivo y tener claro que el costo, que no solo será fiscal, será también político por las implicaciones sobre las obligaciones adicionales que enfrentaran miles de trabajadores acompañadas de una reducción en los beneficios.
La discusión sobre la reforma pensional hay que separarla por tipo de régimen existente. El régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual administrado por los fondos de pensiones (AFP). Los problemas de ambos regímenes son distintos pero tienen en común la baja cobertura, así que es un punto obligado a tener en cuenta en cualquier discusión sobre la reforma pensional que pretenda llevar a cabo el Gobierno, lo que conduce directamente al problema de la financiación del sistema. Pues, naturalmente, se hará necesario hablar de reducción de beneficios, discusión sobre el número de semanas y monto de cotizaciones (aspectos a los que han apuntado muchas de las recomendaciones de los expertos).
Claro está que si la preocupación del Gobierno es la cobertura, hay dos modos de incrementarla: la ideal es dinamizando el mercado laboral, de modo que se cree empleo y se formalicen más trabajadores que ahorren para su pensión o, como se esta haciendo ya, asumiendo un gran costo fiscal para pensionar (con lo mínimo) aquellos trabajadores que llegan a la edad del retiro sin una pensión o sin el ahorro suficiente. Una modalidad de ahorro voluntario vigente son los famosos Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) los cuales, por ahora, van con cargo al fondo de solidaridad pensional, pero que terminará con implicaciones fiscales. Un BEP no es exactamente una pensión, pero es finalmente una ayuda para que muchas personas, como consecuencia de la informalidad o porque ganan menos de un salario mínimo, puedan tener una vejez digna. Es claro, los costos fiscales será una variable de decisión en cualquier reforma que proponga éste y cualquier gobierno.
Lo deseable es una reforma pensional integral que solucione los problemas de cobertura de ambos regímenes, que solucione la inequidad en el régimen de prima media (que cuesta anualmente entre 4% y 5% del PIB) y que fortalezca un poco más los fondos de pensiones. Pero me temo que en lo que seguirá insistiendo el Gobierno son reformas de poco calado, puesto que hacer las reformas integrales y sustanciales sería asumir un enorme riesgo político, a pocos meses del plebiscito por la paz y a escasos dos años de las elecciones presidenciales.
Pensar una reforma integral debería considerar seriamente congelar gradualmente el régimen de prima media, lo que iría disminuyendo el hueco fiscal y, de paso, la discusión sobre incrementar la edad de jubilación perdería cierto sentido, pues teóricamente en el régimen de ahorro individual ese no es un problema. El problema de este régimen es la baja formalización de trabajadores que impide el ahorro para una pensión, de modo que incrementar el empleo y la formalización fortalecería los fondos de pensiones y mucha gente podría ahorra para la vejez.
El régimen de prima media debería competir en las mismas condiciones que los fondos privados, en especial en cuanto a los beneficios recibidos. Pues siempre es más fácil que otros hagan el esfuerzo y ahorren para que unos poco tengan una pensión –que en muchos casos es muy superior a los aportes–, y claramente un sistema pensional equitativo y sostenible debe basarse en un principio inviolable: la pensión de las personas debe guardar cierto equilibrio con su contribución.
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