Desde el punto de vista puramente economicista, el individuo es el sujeto social, al cual el Estado debe garantizar la satisfacción de las necesidades mínimas de subsistencia.
Esto limita el ser humano a un ente económico susceptible de ser direccionado.
La redefinición como sujeto de derechos, desde un importante referente teórico, que ha permeado organismos internacionales, implica una visión amplia centrada en los derechos humanos como lo expone el premio Nóbel de economía Amyrta Sen, para quien introduce en el debate económico, temas éticos y políticos, en los cuales se centra su principal aporte al enfoque del desarrollo humano que se enfrenta a la naturaleza propia de las instituciones internacionales creadas básicamente con la perspectiva económica y de desarrollo de capital financiero .
Sen, también critica la postura neoclásica de los enfoques teóricos económicos en que se legitima la existencia de dichas instituciones, como el enfoque de las necesidades básicas, la maximización de la utilidad, el enfoque de la productividad marginal y elección racional, sobre todo para los países en vía de desarrollo.
Consuelo Corredor, coincide en la postura del Nóbel, en el sentido que las necesidades básicas de la población no se resuelven otorgando una determinada cantidad de bienes y servicios, aún mas, no se considera al individuo como integrante de un entorno social, perteneciente a un familia, portador de derechos e integrante fundamental de la sociedad que hace parte activa de una cultura y está en capacidad de transformarla.
Frecuentemente en los programas de gobierno se listan las necesidades sociales sin tener en cuenta los derechos fundamentales del individuo como sujeto y parte de la sociedad.
Desde un enfoque real, la autora nos presenta un espectro en el que las políticas públicas, han sido desiguales en su aporte al desarrollo de los derechos fundamentales del individuo en América Latina y se han centrado en criterios económicos sin tener en cuenta los aspectos de índole personal o social. La democracia es entonces la base del desarrollo con criterios de gobernanza, en el que las políticas públicas desde el enfoque de derechos, se conciban como políticas de estado y no de gobierno.
La desigualdad en la distribución de la renta no solo representa pobreza, si no además detrimento de los derechos fundamentales de cada ciudadano en particular, atenta contra la familia y la sociedad.
El concepto involucra una visión que se centra en la efectividad del Estado que depende de la interacción de muchos actores, grupos y redes en un ambiente hostil en el que se aprecian aliados y adversarios, desde diversos enfoques históricos.
Se precia una forma innovadora de concebir al desarrollo de un estado como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos, es decir que el desarrollo no debe medirse con otro indicador que no sea el aumento de las libertades de los individuos y la garantía de los derechos individuales.
El desarrollo, comúnmente medido con base a la renta, se transforma en la capacidad que tienen las personas como sujetos de derechos en de transformar esa renta en aquello que ellas consideran necesario para llevar la vida que aprecian. El desarrollo debe tener como base la democracia, porque esta permite a los individuos aumentar las capacidades de manera libre y autónoma.
Frecuentemente, los economistas y las entidades del estado, conciben la pobreza solamente a través de la interpretación del índice de la renta, esta visión, propone el tratamiento referente a la capacidad de transformar las rentas en aquello que cada persona considera necesario para vivir dentro del marco de los derechos y la cultura.
Esta visión alternativa de desarrollo, han determinado la fijación de políticas públicas, metas y objetivos en organizaciones internacionales recientemente.
La existencia del estado, debe imponer la equidad a través de la discriminación positiva, que conlleve al empoderamiento de los excluidos en los derechos que tradicionalmente se han vulnerado, allí deben apuntar las políticas públicas. La redefinición de equidad implica el reconocimiento de derechos económicos y sociales, (principalmente) mediante la participación activa de las diversas poblaciones en el direccionamiento estratégico de las políticas públicas y de los criterios de gobierno.
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