Lo que parecía ser una situación favorable de crecimiento económico para Colombia, bajo unas condiciones políticas estables, y con la firma de 12 tratados internacionales para el comercio, ha degenerado recientemente en una inestabilidad en materia económica cuyo costo para el Estado y en general para el país, es supremamente elevado. Se estima que el costo fiscal en el que el país debe incurrir para cubrir los compromisos adquiridos en los recientes paros puede ascender hasta los cinco billones de pesos anuales. El deterioro en el ámbito doméstico es evidente, y su posible recuperación es un hecho incierto para la mayoría de los sectores productivos en Colombia.
La inestabilidad económica tiene su origen reciente en la manera en la que el gobierno comenzó a tomar medidas frente al paro de los cafeteros que sucedió en mayo de 2013. Fue el inicio de un problema que ha desestabilizado al gobierno nacional, y que recientemente evolucionó en el paro nacional de múltiples gremios económicos del país. Es claro que son problemas de carácter complejo, cuyas soluciones deben ejecutarse cuidadosa y rápidamente, pues el enorme costo que generan es insostenible en el tiempo. Pero aún así, estas medidas no pueden ser de corto plazo, pues generan un elevado costo fiscal, y en lugar de solucionar de manera estructural el problema, simplemente lo dilatan en el tiempo. El gobierno debe tener en cuenta los factores estructurales que motivan los paros y encargarse de que la asimetría de información frente a las dinámicas económicas de los sectores productivos del país sea lo más baja posible. Estos son los datos:
En primera instancia, el paro cafetero que tomó lugar en mayo del presente año le costó al gobierno la suma de un Billón de pesos, de los cuales $800.000 millones fueron implementados en lo que se conoce como el programa de Protección al Ingreso Cafetero, un subsidio creado para compensar el bajo precio del café y apoyar el ingreso de los caficultores del país.[1] Para el presupuesto del año 2014, se ha incorporado el valor de $1.4 billones de pesos para garantizar el subsidio cafetero, buscando compensar los bajos precios internacionales del café. [2]
Esta respuesta abrió las puertas a los demás sectores para que realizaran sus propias demandas. Los paperos reclaman por caídas en el precio, sumado a unos altos costos de producción asociados a los insumos. Los lecheros declaran enormes pérdidas por el incremento en la importación de leche en polvo en los últimos meses. Los transportadores de carga piden rebajas en los altos precios de los combustibles, que afectan la operación y la rentabilidad de su negocio. Los demás sectores se quejan por falta de subsidios y bajas en la producción en general.[3]
La solución del gobierno es la siguiente: se llegó a un acuerdo con el gremio cacaotero que asciende a los $100.000 millones de pesos, recursos de $10.000 millones para los arroceros, $10.000 millones para el sector lechero, y gremios sin cifras definidas como los agricultores productores de papa, tomate y cebolla. Adicionalmente, las negociaciones con el gremio de los transportadores, que exigen una disminución del precio por galón de $2.000 pesos, podría generar una cifra adicional en el presupuesto general de la nación por $3.6 billones de pesos anuales.[4]
Lo anterior es el costo fiscal cuantificable, pero el paro afectó al país en la disminución de generación de riqueza por cada día que estuvo vigente. La disminución en el tráfico afectó el comercio interno del país, disminuyó los ingresos de las concesiones viales, causó problemas de desabastecimiento y bloqueó el transporte de insumos para la mayoría de los negocios. Esta disminución en el flujo de personas también afectó sectores como la hotelería y el transporte, sin contar con la pérdida de aquellos participantes en el paro.
Soluciones cortoplacistas requieren un desembolso de capital desmedido para darle fin a un paro que genera pérdidas en todos los actores económicos por cada segundo que pasa. ¿De dónde salen estos recursos? Medidas como el impuesto del 4×1.000, grabar los dividendos, recortes presupuestales, son algunas de las alternativas propuestas. La solución es incierta, pero es claro que hay que asignar este gasto en el presupuesto del país, cuyo impacto es considerable. Esto, asumiendo que los compromisos no van a aumentar en los meses a venir, pero es esperable que vengan otros paros, (recientemente el paro de los profesores asociados a Fecode) especialmente hasta la época electoral.
La inestabilidad económica ha ido en detrimento de la estabilidad política del país, y el próximo escenario de elecciones presidenciales puede tener un fuerte impacto en ambas. El costo del paro, más allá de su carácter netamente económico, ha puesto al país en una situación muy frágil dentro de una coyuntura política y económica compleja. Estas soluciones a corto plazo sanean levemente el problema, pero estructuralmente fallan en el mediano y largo plazo, aplazando el problema que se repetirá una y otra vez, con efectos y magnitudes cada vez peores.
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