EL GOBIERNO NO PUEDE ELUDIR SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CONTROL DE LA INFLACIÓN

La actitud hostil del ministro de Hacienda con el sector productivo constituye un desconocimiento grave de la realidad nacional y de los fenómenos macro y microeconómicos que afectan la inflación en cualquier país.

El principio macro universal indiscutible es que los precios aumentan cuando la demanda aumenta respecto a la oferta o cuando esta última disminuye respecto a la anterior. Siempre y cuando estemos en un mercado de libre competencia, sin intervención del Estado. En este caso el Estado es un facilitador de los medios que requiere el mercado para actuar en ese ambiente de libre competencia. En el caso colombiano, el intervencionismo estatal ha llevado a dificultar más que a facilitar esta libre competencia.

Esto puede apreciarse fácilmente en las acciones que toman los oligopolios y monopolios que se promueven desde el Estado en el manejo de los servicios públicos. Es así como estas compañías de servicio resuelven sus grandes ineficiencias de producción trasladando sus costos desbordados a los precios del servicio que prestan; circunstancia que, en manos de una sana competencia de mercado, no se da, como resultado de la presión que hacen los consumidores para poder tener el mejor servicio al menor precio.

El otro aspecto que afecta la inflación tiene que ver con las decisiones intervencionistas desde un Estado que grava productos y servicios incrementando los aranceles o que, por supuestas medidas sanitarias, resuelve que todos los productos procesados merecen gravarse con un incremento de impuestos al consumidor.

Hoy en día, prácticamente todos los productos alimenticios son sometidos a un proceso que cambia su estado original en alguna medida. Estas decisiones, tomadas muy a la ligera, impiden que los ciudadanos tomen libremente la decisión de qué comen y cómo se alimentan. Con ello, no solamente se irrespeta la condición racional de las personas, sino que las somete a criterios particulares de quienes se sienten con el derecho a constreñir la libertad de las personas para tomar decisiones que, si bien pueden afectaren alguna medida su salud, están dentro del libre albedrío que tiene una persona para manejar su vida como se le dé la gana sin afectar a sus conciudadanos.

Podría uno pensar que eso ya se hace con el cigarrillo y los licores. Pero estos productos no son tan vitales como un pan y una gaseosa para un trabajador que mal vive con un salario mínimo.

En Colombia es un hecho que la demanda ha disminuido y que la capacidad instalada de las empresas, en la mayoría de los sectores, está subutilizada. Hay capacidad para producir más, pero los consumidores no están dispuestos a comprar más, simplemente, porque no hay dinero para gastar más.

¿Qué es lo que produce esta situación aparentemente atípica? Pues que en un escenario de recesión el principio universal entra en crisis, pues la reducción de la demanda llega a un punto en que el empresario, al producir menos, ve afectados sus costos que se incrementan al tener que distribuir los costos fijos entre un menor número de unidades vendidas. Esto genera una agudización de los fenómenos de recesión que pueden dar al traste con el sector productivo de la nación. Se somete a una probable quiebra a las empresas que se ven obligadas a cerrar, dejando cesantes trabajadores y reduciendo la oferta que, vuelve y juega, ahora, por reducción de la oferta, aumenta la inflación.

Si el Estado no actúa generando más y mejores oportunidades de empleo, no está cumpliendo con su propósito fundamental de cuidado y protección de las personas que lo conforman, garantizándoles los medios necesarios para tener una vida digna. Y, si esto es así, ha llegado, para la ciudadanía, la hora de defender democráticamente, sus derechos con el deber cívico de que por medio de los movimientos de opinión más idóneos y las manifestaciones públicas, exijan a los gobernantes a cumplir con su deber.